El contrato sería uno de los negocios irregulares operados por el gobierno de Felipe Calderón.
Información de Ivonne Mateo
La construcción del Centro Federal de Readaptación Social número 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca, representa una erogación de mil 771 millones de pesos anuales en beneficio de Hipólito Gerard Rivero, ex cuñado del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, y sería uno de los negocios irregulares operados por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Publica, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por conspirar para delinquir y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, según revelan datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Aunque el centro penitenciario se construyó en el año 2011 con Gabino Cue Monteagudo en la Gubernatura y Felipe Calderón Hinojosa en la Presidencia, los servicios se continúan pagando a la empresa constructora GIA, misma que figura en uno de los ocho contratos adjudicados directamente que la dependencia federal busca reestructurar o cancelar por representar un gasto total anual de 16 mil millones de pesos, erogación que la autoridad considera excesiva.
De acuerdo con los datos públicos, el penal de Miahuatlán se construyó luego de la firma de un contrato celebrado el 18 de marzo del 2011 entre la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca SAPI S.A de C.V con el Gobierno del Estado y, actualmente, el proveedor es la empresa GIA, encabezada por Gerard Rivero, quien figura por haber sido uno de los empresarios más beneficiados en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El contrato estipula la adquisición del terreno, equipamiento, desarrollo de la infraestructura, diseño del proyecto, pago de la conservación, mantenimiento de las instalaciones y equipos de laboratorio, limpieza, jardinería, alimentación, dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos durante la vigencia del contrato.
La información expone que cada persona privada de su libertad en el centro penitenciario de Miahuatlán representa, en promedio, un gasto federal de 1 millón 186 mil pesos al año, es decir, 98 mil pesos mensuales y más de 3 mil pesos diarios.
Aunque Calderón anunció la construcción de este penal para mejorar la calidad de las prisiones federales, la realidad es que este objetivo no se cumplió. El centro penitenciario de Miahuatlán registra deficiencias e insuficiencias en materia de seguridad, custodia, atención médica y reinserción social, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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