De acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil las entidades con mayor índice de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Morelos, Estado de México, Chiapas y Chihuahua.
Del 23 de marzo de 2020 a la fecha han sido asesinadas ocho personas defensoras del medio ambiente, en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Baja California y San Luis Potosí, de los cuales 6 han sido hombres y 2 mujeres. Al menos 5 de los asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente, responden a la labor que realizaban.
También se han reportado agresiones colectivas reiteradas, como las ocurridas el 2 y 22 de mayo y el 21 y 22 de junio, por un grupo armado, en contra de indígenas ikoots, pobladores de la comunidad Huazantlán del Río, del municipio de San Mateo del Mar en Oaxaca, quienes han mantenido un proceso de resistencia de 10 años rechazando la imposición de megaproyectos en sus territorios y defendiendo su sistema normativo tradicional. La violencia que inició con la quema de automóviles, algunas casas, actos de tortura, escaló y derivó en la masacre de 17 personas (15 hombres y 2 mujeres).
CRIMINALIZACIÓN DE CODEDI
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos repudió la campaña de ataques contra CODEDI y solicitó a las autoridades oaxaqueñas y mexicanas que pongan fin a la detención arbitraria de Fredy García Ramírez.
Fredy García, indígena zapoteco de 28 años que se desempeñaba como vocero del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) hasta su detención arbitraria el 6 de noviembre 2019. Esta detención, denunciaron, se dio como parte de un patrón de graves ataques y procesos de criminalización contra CODEDI, organización indígena referente en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca por su defensa de los derechos a la autodeterminación de los pueblos indígenas y defensa de la tierra y el territorio en un contexto de incremento de megaproyectos en la región. A partir de su detención en el centro penitenciario de Tanivet, Oaxaca, el defensor ha continuado con su labor de defensa, exigiendo acceso a derechos básicos dentro del mismo.
A partir de la pandemia, las agresiones contra Fredy García se agudizaron. El 31 de mayo de 2020, el defensor y un número elevado de personas privadas de libertad empezaron a presentar síntomas que podrían estar relacionados con la COVID-19. Frente a la falta de información y atención médica adecuada, el defensor presentó, en conjunto con otras personas privadas de libertad, una solicitud de atención e información al director del penal. Ante la falta de mejoría, el 2 de julio se interpuso un recurso de amparo. De allí que días más tarde, un grupo de funcionarios penitenciarios del penal de Tanivet ingresaron al módulo en el que se encontraba y le propinaron golpes, lo aislaron temporalmente y le advirtieron que “no tenía derecho a hablar”; aludiendo a que la agresión respondía a “órdenes de arriba”. El defensor presentó diversas lesiones como consecuencia de los malos tratos propiciados.
SE ENSAÑAN CON DEFENSORES EN PENALES OAXAQUEÑOS
Preocupa al alto peligro en el que se encuentran las personas defensoras privadas de libertad y las consecuencias de imposible reparación que ha significado el uso de la tortura y falta de atención adecuada en salud en centros penitenciarios de Oaxaca, condiciones que son agravadas en el contexto de la pandemia. Recordamos en este sentido el caso del defensor Librado Baños Rodríguez, quien permaneció poco más de 5 años en el penal de Ixcotel, Oaxaca y ha perdido la vista a consecuencia de la tortura y falta de atención adecuada a su condición de salud.
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