Existen diferentes violencias que lastiman a las mujeres (más a unas que a otras), en este sentido, la violencia política contra las mujeres en razón de género, comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Sin embargo, considero falso el hecho que a una mujer se le violente políticamente por el puro hecho de ser mujer, algo en lo que ahondaré más adelante.
En octubre de 2018, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados Federal, Rosario R (por aquello de la presunción de inocencia y para evitar la “revictimización”) expuso que la investigación periodística titulada “La estafa maestra” tuvo como rostro visible el suyo, además de su nombre, por motivos de género. Ella argumentó que esa decisión editorial se configuraba como un ejercicio de violencia política de género y no tenía un motivo objetivo: argumento que a mi consideración es falaz.
La exsecretaria olvidó que en el orden jerárquico del organigrama de la SEDATU ella estaba al frente y que con base en el artículo 8 de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, le correspondía supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplieran con la ley. De manera intencional o por omisión Rosario R fue responsable del desvío de más de 5,000 millones de pesos, motivo por el cual hoy se encuentra en prisión.
La aplicación de la ley no sabe de género, edad, condición económica o religión; de ahí que tanto la investigación de animal político, como las investigaciones de la FGR, muestran a Rosario R como lo que fue: UNA FUNCIONARIA CORRUPTA.
Martha Tagle, Diputada feminista de Movimiento Ciudadano, le dejó en claro a la extitular de la SEDATU, en esa misma comparecencia, que “la condición de género no nos exime (a las mujeres) de asumir nuestras responsabilidades en el cargo público y de ser señaladas por actos de corrupción”.
Cuando a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval (a quien espero ganarle un juicio de amparo), fue el centro de atención de una investigación periodística que documentó que poseía propiedades con un valor superior a los 60 millones de pesos, donde la mayor parte de estas propiedades no fueron explicitadas en la Declaración Patrimonial, alegó que se trataba de “una campaña de violencia política de género que se había orquestado para dañar su reputación”.
Otra vez una funcionaria federal (de diferente partido y sexenio) alega que se le investiga por motivos de género: otra vez un argumento falaz. Su patrimonio es motivo de interés periodístico por dos razones: la primera porque ella de forma intencional o por omisión, no presentó de forma correcta una declaración patrimonial como lo mandata la ley; la segunda es porque sus ingresos como académica no le habrían permitido adquirir todos esos inmuebles, aunque juntara su sueldo con el de su esposo, el también académico John Ackerman y ambos no gastaran ni un solo peso en ropa, médicos, comida, transporte etc.
Y así podemos seguir con la lista, pues es un modus operandi de las mujeres corruptas: alegar violencia política de género para justificar lo injustificable ¿Eso quiere decir que todas las denuncias de violencia política son falsas? No.
Claro que existen mujeres que son violentadas con el objetivo de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, sin embargo, esa violencia no tiene su origen en el género del sujeto violentado. Recordemos que la lucha por el poder, al igual que la aplicación de la ley, no sabe de género, condición socioeconómica, religión, edad y un largo etc. En resumidas cuentas: en política a las mujeres no se les violenta por ser mujeres, sino por ser adversarias.
En política al adversario se le criminaliza, violenta, neutraliza, aplasta, domina, copta, coarta, coacciona o se le da amnistía; esto a través de métodos legales, ilegales, inmorales o amorales.
Hoy atravesamos momentos de cambio, en donde los hombres están siendo criminalizados por buscar ejercer poder sobre las mujeres adversarias. Hoy las instituciones encargadas de velar por la correcta aplicación de la ley se ven presionadas a fallar en contra de aquellos hombres que son tachados de violentadores de mujeres.
Se está normalizando que los hombres se vean imposibilitados para hacer uso de sus atribuciones y facultades legales para neutralizar adversarias políticas; cualquier hombre que busque ser un contrapeso de una mujer que realiza un ejercicio corrupto y despótico del poder puede ser tachado de violentador por motivos de género.
Por ejemplo, si un presidente de partido busca que se transparenten los recursos económicos con los que cuenta el instituto político, una tesorera corrupta sin ningún problema puede acusarlo de violencia política de género y con esto intentar desviar la atención de lo verdaderamente importante: la transparencia en el manejo de las finanzas.
El ejemplo anterior genera una paradoja, pues como mencioné en un principio, el actuar y las acusaciones de una mujer corrupta derivan en acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a un hombre por ser hombre (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. ¿Les suena conocido? Pues así define a la violencia política contra las mujeres en razón de género la CNDH.
Toda mi columna se resume en:
1.- Criminaliza a tu adversario por su género y no por su actuar.
2.- Impide que haga un pleno ejercicio de sus derechos y facultades gracias a la criminalización.
3.- Ya tienes un lindo pastel de violencia política en razón de género.
Kommentare