El pasado 18 de marzo, tomó fuerza la denuncia social que involucraba al funcionario Rolando Vázquez, jefe de plazas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como parte de una red que promovía la pornografía de mujeres indígenas en la sierra mixe de Oaxaca, la denuncia llegó a resonar en distintos espacios locales, nacionales e internacionales, hasta ese momento, la denunciante, Sandra Domínguez, exponía como a través de este chat, diversos hombres entre los que figuraba dicho funcionario incitaban a compartir material íntimo de mujeres indígenas de los pueblos en los que trabajaban o vivían.
La detonante de este tema es que usaron una foto de la denunciante, que llegó a sus manos con una edición que añadía un signo de pesos sobre el cuerpo de la abogada Sandra, edición que acusó, fue realizada por el ahora ya ex funcionario Rolando Vázquez y que este, días después, confirmara que efectivamente había compartido la foto al grupo de chat, en este punto llamó mucho la atención la forma de justificación del ex funcionario para su actuar, pues acusó que se trataba de un tema no grave donde él no había usado una imagen sexual de la denunciante, rematando que se trataba de un tema de persecución política contra su persona. Hasta aquí existía una aceptación de que el grupo de whats app existía, que Rolando Vázquez siendo funcionario era parte del grupo y no solo eso, sino que tenía actividad dentro de él y que el sujeto se considera en su imaginación una persona de relevancia en la política nacional para describirse “perseguido político”.
Pero la complejidad con la existencia de dicho grupo vino a reflejar y detonar otras cosas graves, desde la postura institucional del director del INPI que trató a la máxima discreción el tema, incluso, haciendo declaraciones normalizantes del suceso hasta que se vio obligado a pronunciarse de forma pública, condenando los hechos, asegurando que el INPI había presentado una denuncia sobre el caso. Hay otra situación que no se ha abordado tanto, ¿Quiénes más forman parte del chat y cuál es el perfil de cada uno de los miembros?
Hablar de la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres indígenas que no solo afrontan las dificultades propias de ser mujer por el machismo, luego el de ser indígenas por terribles equivocaciones históricas ya es complicado, añadamos el acoso de los agentes del estado sobre ellas. Partamos de algo, no es normal que los ciudadanos tengamos un grupo de chat donde se incite a la exhibición de cuerpos o construcción de situaciones para denigrar a alguien, mucho menos indígenas y en su caso, no tiene que ser una imagen sexualmente explicita la que se use para que se tipifique la sexualización o cosificación de mujeres, ya existe violencia de género por la naturaleza del contexto.
La exhibición de dicho grupo incluye otras situaciones gravosas como el de las denuncias de mujeres que sospechaban que habían sido víctimas de ese tipo de grupos, mujeres indígenas que fueron drogadas, posteriormente grabadas en situaciones sexuales en la región mixe y después el material compartido. Las denuncias fueron atendidas y canalizadas por las organizaciones de mujeres que se unieron a la denuncia.
El chat “SierraXXX” tiene un patrón concreto en sus miembros, la mayoría son o forman parte de operadores políticos en las comunidades indígenas, de todos los partidos y colores, se presumen como gestores, varios son operadores de Eufrosina, Adelfo, Bejarano, Cándido y priistas clásicos. Lo anterior pone de manifiesto que estamos ante una red de gente que de alguna u otra forma se siente protegida, se menciona a “Beto Santos” como creador del grupo, el que pedía fotos de mujeres indígenas, no es más que otro operador político. Este grupo de chat viene a ser un reflejo a pequeña escala de la politiquería mexicana, el de aparentar una diferencia política, pero en lo oscuro, comparten los mismos vicios y las mismas formas de operar para aprovecharse de los más vulnerables generando daños irreparables.
Las mujeres indígenas están en riesgo ante este tipo de redes políticas que se tejen de parte de operadores y funcionarios, afortunadamente, el caso que dio a conocer esta situación contó con la atención de muchas personas que presionaron, pero ¿Qué hay de las mujeres que no tienen la posibilidad de denuncia? De las que en las comunidades no tienen acceso a internet, a las redes sociales para dar a conocer su situación o que no quieren denunciar porque los mismos que las acosan son los mismos que condicionan su silencio con base en comprometer las “gestiones” económicas o en obras para sus municipios o agencias.
Uno de los principales factores que ponen en vulnerabilidad a las mujeres indígenas es el poder que ejercen este tipo de funcionarios y operadores políticos sobre ellas que puede tener consecuencias devastadoras sobre más mujeres y menores desde hace mucho tiempo.
Los operadores políticos y sus “gestores” en comunidades indígenas no son más que reflejo del autoritarismo subnacional descrito desde hace un rato por Gibson, esta idea de enriquecimiento a través de constituirse cuerpo activo de las fuerzas políticas y del estado en las comunidades en resistencia es apelar a la antigua ambición de los caciques en tiempos del priismo de ocho décadas, a su vez, de replicar sus conductas ilícitas, desde acaparamiento de recursos públicos hasta abusos y violaciones contra las mujeres.
Urge atender este fenómeno arbitrario que resalta principalmente en los pueblos y desmantelar este tipo de redes y compadrazgos que atentan contra los derechos de las mujeres, así como contra el patrimonio y tejido comunitario (también aquí se mueven las constructoras que muchas veces son parte de la misma estructura de autoritarismo subnacional) primero bajo la organización comunitaria que promueva la no dependencia hacia este tipo de agentes del estado, a nivel institucional para que se realicen cambios en su modalidad de interacción con las comunidades y evitar el cúmulo de capital político en ciertas personas y por último, sancionando casos como SIERRAXXX y sentando precedentes estrictos.
Comments