Distintas organizaciones de la sociedad civil han denunciado los actos de hostigamiento y acoso que instituciones gubernamentales han ejercido contra los líderes comunitarios que han promovido la realización efectiva de la consulta indígena en el municipio de Unión Hidalgo para la instalación de un parque eólico.
Organizaciones como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ((ProDESC), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha A. C. (CODIGO DH), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Tequio Jurídico A. C., entre algunas otras más, han firmado una carta de denuncia, en la que señalan los actos de presión y hostigamiento que la Secretaría de Energía, el gobierno estatal de Oaxaca y las autoridades municipales de Unión Hidalgo han ejercido contra habitantes de este municipio para impedir el adecuado desarrollo de la consulta indígena.
Cabe resaltar que esta consulta fue ordenada por la jueza Primera de Distrito de Oaxaca, Elizabeth Franco Cervantes, quien dictó una sentencia de amparo en la que ordenó la suspensión de la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú, hasta la realización de una consulta indígena, en la que los habitantes de Unión Hidalgo determinen la aceptación o rechazo del megaproyecto.
La central eólica Gunaa Sicarú ha sido promovida por filiales mexicanas de la multinacional francesa Electricité de France (EDF), y la consulta ordenada busca garantizar el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas afectados por este proyecto. En consecuencia, los actos de acoso y hostigamiento cometidos por las instituciones gubernamentales, denunciados por las organizaciones de la sociedad civil antes mencionadas, en esencia socaban los derechos indígenas de la comunidad de Unión Hidalgo.
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